Los funcionarios de Justicia piden más personal debido al aumento de la litigiosidad en un 40%

Por el momento, los funcionarios de Justicia dicen que el problema de la alta litigiosidad «está controlado» porque están haciendo «un enorme esfuerzo de trabajo para sacar adelante los asuntos». Pero de continuar así el problema, según alertan, «se llegará a un momento en el que los retrasos judiciales ahoguen el sistema», asegura Ángel Garmendia.
El hecho de que en los últimos meses la crisis ha provocado que llegasen a los juzgados un 40 por ciento más de asuntos que hace un año motiva a los funcionarios, como al propio juez decano, que piden más personal. Si no fijo, «sí que se creen equipos de refuerzo en los juzgados más saturados», añade Garmendia.
Por otra parte, ayer se vivió en los juzgados un episodio «dramático» que se viene repitiendo casi todas las semanas. Un hombre de avanzada edad y con serios achaques de salud se presentó en el edificio a las diez de la mañana. Sufrió una caída y varios funcionarios lo ayudaron. Finalmente, los policías destinados en la sede judicial tuvieron que llamar a una ambulancia para que fuese asistido. Ante este hecho, el personal de Justicia reclama a la Xunta que exista, al menos, un ATS en el edificio. «Es del todo necesario, pues no solo por episodios como el de hoy -por ayer-, sino porque en estas dependencias acuden personas a tratar asuntos problemáticos y algunos sufren episodios de ansiedad, por lo que necesitan ayuda médica».
Tanto el juez decano, Antonio Fraga Mandián, como los funcionarios alertan de que la crisis seguirá haciendo mella en las empresas y familias gallegas el próximo año, «un impacto que se traducirá en más trabajo y también más colapso en los juzgados de la comunidad».
Las previsiones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) son que, lejos de contenerse, el número de concursos de acreedores que se presentarán en Galicia seguirá creciendo y lo hará exponencialmente. Hasta 720 nuevos

Dan por superado un examen a opositores con acertar solo una de las 123 preguntas

Dan por superado un examen a opositores con acertar solo una de las 123 preguntas
Salvo uno, los 408 aspirantes a ganar plaza en la Xunta aprueban un ejercicio al haber un cupo de aptos de 450
El tribunal de una oposición para ingresar en el cuerpo superior administrativo de la Xunta (grupo A1) por la vía de la consolidación de empleo difundió ayer la relación de personas que podrán participar en el segundo ejercicio de ese proceso, fijado para dentro de seis semanas. El primero, de acuerdo con los datos contenidos en dicha lista, lo han superado todos los inscritos a excepción de uno. Claro que, con las reglas de juego establecidas, ese partido era casi imposible de perder.
No en vano, las bases del examen prescribían que la puntuación mínima para aprobarlo vendría dada por los aciertos que sumase «o clasificado na posición 450». De modo que, dado el número de titulados que terminaron presentándose a la cita (408), para salir airoso de ella en realidad bastaba simplemente con responder de manera correcta una de las 123 cuestiones que conformaban el test: 120 más tres consideradas de reserva. ¿Por qué entonces triunfaron solamente 407 y no el 100% de los posibles? Porque aquel día (17 de octubre en Silleda, Pontevedra) la única aspirante a la postre excluida tuvo la desdicha de resolver mal justo el triple de interrogativas que despachó bien, lo cual estaba penalizado con un cero sobre un máximo de 20 puntos obtenibles.
Repasando las notas recién publicadas se observan casos de funcionarios en potencia con calificaciones que los convierten en aptos pese a haber cosechado un 9,7%, un 6,5, un 2,4 e incluso un 0,8% de positivos. Todos ellos se someterán el 16 de enero a un segundo ejercicio que, nuevamente en aplicación de las normas vigentes, sacarán adelante un cupo de 250. Tras un tercero poco menos que de trámite (traducción de un texto del castellano al gallego y viceversa), los supervivientes ingresarán ya en la última fase de la convocatoria, con 45 puestos en juego: un concurso en el que primarán la antigüedad del interino y, en menor medida, la formación extra que acredite.

La Xunta está obligada por sentencias condenatorias a consolidar más de 600 puestos en su oferta de empleo

La Xunta deberá hacer sitio a las personas que le ganan los pleitos en los tribunales. La oferta de empleo público de este año, que aprobará el jueves el Consello de la Xunta, incluirá 167 nuevas plazas, de un total de 937, pero 670, correspondientes a personal laboral, provienen de asistencias técnicas de larga duración y son el resultado «moitas delas» de «sentencias condenatorias anteriores a hai dous anos», según reconoció ayer el director xeral de Función Pública, José María Barreiro. Únicamente las 167 plazas constituyen vacantes no ofertadas en años anteriores.
Los puestos de trabajo que ofrece la Administración autonómica para el 2009 -en el próximo cuatrimestre sacará los del 2010- se corresponden con un 30% de la tasa de reposición. El Gobierno advierte de que solo quiere cubrir las «necesidades máis acuciantes», en línea con la política de austeridad de la Xunta.
En todo caso, la celebración de los procesos selectivos de este año y de los correspondientes al 2010 estarán «superpostos», entre otras cosas porque el del ejercicio en curso se ha convocado en estas fechas a consecuencia del cambio de Gobierno.
Del total de plazas ofertadas, 247 son de personal funcionario, de las que 199 se corresponden con puestos de la Administración general y 48 de la Administración especial, de acceso libre. Otras 670 corresponden al personal laboral que entra producto de las sentencias judiciales que lleva meses perdiendo la Administración, después de que esos trabajadores prestasen asistencias técnicas. Además, hay otras 20 plazas ya aprobadas por el Gobierno anterior, en una ampliación de la convocatoria del 2008, que no habían sido publicadas.
A promoción interna se destinan 110 de las 247 plazas de personal funcionario. Serán convocadas de forma independiente y la Xunta asegura que responden al compromiso de vincular el progreso profesional con la mejora del servicio público. Entre estas figuran la promoción con reclasificación del puesto, que permitirá mejorar las ratios de permanencia en el servicio.
El director xeral de Función Pública explicó que, en el caso de las 670 plazas derivadas de procesos de consolidación, se trata de «reducir a temporalidade». De ellas, 433 fueron aprobadas en la oferta del 2008, pero a consecuencia de los ajustes producidos en los procesos de consolidación del personal laboral se produjeron algunas variaciones. Otras 237 fueron aprobadas en la ampliación de la oferta del 2008, pero no fueron insertadas en el DOG , por lo que se hizo preciso ahora volver a publicar la totalidad de las plazas afectadas por este proceso.
Entre las 167 nuevas hay 30 de promoción interna, otras 69 de acceso libre y 20 de consolidación, todas en la Administración general. Estos puestos, según José María Barreiro, están vinculados con tareas que ahora encarga la Administración por la vía de asistencias técnicas. El objetivo del Gobierno es disponer de funcionarios para estos cometidos.